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domingo, 27 de abril de 2014

Anulada una "cláusula suelo" de una hipoteca por no informar de las consecuencias en Palencia

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El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Palencia ha anulado mediante sentencia una  cláusula suelo del 3% contenida en un contrato de préstamo hipotecario suscrito entre el demandante y la entidad bancaria en abril de 2010, al considerar que «dificulta al prestatario la comprensión sobre las consecuencias para él perjudiciales de la cláusula suelo».
La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, argumenta que, si bien las cláusulas suelo, en principio, son lícitas, siempre y cuando su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el reparto real de riesgos de la variabilidad de los tipos, «en este caso la entidad prestamista no ha demostrado que el consumidor prestatario estuviera informado del comportamiento previsible del índice de referencia a corto plazo, ni de que las variaciones a la baja del tipo de referencia no le iba a beneficiar».
«Tampoco consta que se le proporcionase una información suficiente que le permitiera identificar sin la más mínima duda que esa cláusula constituía un elemento definitorio del elemento principal del contrato, cláusula de redacción compleja que dificulta al prestatario la comprensión sobre las consecuencias para él perjudiciales de la cláusula suelo», añade el dictamen.

ARGUMENTACIÓN. Según la argumentación del juez, en realidad se pactaba un tipo de interés variable pero en la práctica, a corto y medio plazo, era un tipo de interés mínimo fijo y variable sólo al alza, sin que el consumidor hubiera sido informado con claridad y transparencia de esa circunstancia.
El demandante, había alegado durante la vista oral, aportando jurisprudencia y directivas nacionales, comunitarias y de consumidores, que esa cláusula es una condición general de la contratación  de carácter abusivo, al no haber sido negociada individualmente, incorporada de manera generalizada por la entidad bancaria en sus contratos de préstamo hipotecario que «transgrede el principio de buena fe al ocasionar en detrimento del cliente un desequilibrio de las obligaciones contractuales injustificado y favorable para una sola de la partes: la entidad bancaria».

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